TULUM, 29 de junio 2027 .- La atención a una de las problemáticas más complejas y delicadas que enfrenta este municipio comienza a registrar avances significativos: el uso irregular de predios presuntamente controlados por grupos delictivos. Dichas organizaciones operan lucrando con el arrendamiento de espacios a pequeños empresarios y personas de escasos recursos quienes, ante la falta de opciones, pagan por ocupar inmuebles cuya posesión original habría sido obtenida mediante despojo.
De acuerdo con una investigación realizada por este medio, una parte considerable de las personas que habitan o laboran en estas zonas de invasión no son los iniciadores del conflicto, sino que fungen como arrendatarios de terceros que se apoderaron de las tierras de manera ilegal.
Durante administraciones pasadas, las indagatorias correspondientes a estos casos se mantuvieron estancadas debido, presuntamente, a actos de extorsión, intimidación directa contra los dueños legítimos y la complicidad o inacción por parte de algunas autoridades. Este escenario de impunidad permitió que las células delictivas retuvieran el control de los inmuebles y continuaran generando ingresos ilícitos a costa del patrimonio privado.
Como parte de las acciones recientes para revertir esta situación, la semana pasada y por mandato de un juez de control, se ejecutó el aseguramiento de dos pequeños clubes de playa ubicados en la zona costera, los cuales aparentemente pagaban renta a un grupo delictivo por la posesión del terreno. Coniciendo los antecedentes del caso, las denuncias por despojo y los juicios civiles no habían prosperado por el temor de la propietaria —quien presuntamente era víctima de extorsión— y por la falta de actuación de la autoridad en su momento. Incluso, trascendió que el apoderado legal del predio llegó a ser golpeado y amenazado con el fin de obligarlo a entregar las escrituras originales.
Especialistas en la materia señalan que, para consolidar la paz, la legalidad y el desarrollo ordenado en Tulum, resulta indispensable que las autoridades corten de tajo las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos. Esto implica que el combate institucional no debe limitarse únicamente al narcotráfico o a la extorsión común, sino también a frenar estos esquemas de negocio ilegal inmobiliario mediante los cuales se obtienen recursos económicos para intimidar, corromper y desafiar al Estado.
Asimismo, se advierte la urgencia de atender integralmente el fenómeno de las invasiones, ya que estos asentamientos irregulares suelen ser utilizados como zonas de reclutamiento, ocultamiento o protección de personas vinculadas a actividades delictivas. Esta dinámica afecta tanto a los legítimos propietarios que pierden su patrimonio, como a la gente humilde que termina siendo utilizada por quienes verdaderamente lucran desde la ilegalidad.
La ruta hacia la recuperación del orden en este destino turístico exige el ejercicio pleno de la autoridad, el respeto irrestricto a la legalidad y una actuación firme y decidida en contra de quienes han convertido el despojo y la intimidación en un negocio redituable