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IMOVEQROO NO QUIERE A MOTOTAXIS EN COZUMEL, PESE QUE EN LA LEY NO ESTA PROHIBIDO

COZUMEL– Taxistas en conjunto con Inspectores del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) acorralaron a tres unidades llamadas «MOTOTAXIS», acusando a los operadores de ofrecer el servicio de transporte público sin el permiso correspondiente.

Durante el fuerte operativo donde participaron veintena de policías municipales, Guardia Nacional y Taxistas, Rosy Araujo líder de los moto taxis encaró a Carlos Angulo delegado de IMOVEQROO en Cozumel, a quien señaló de ser un corrupto, y obedecer órdenes del sindicato de Taxistas, para prohibir la entrada de 23 unidades de MOTOTAXIS a la isla.

Este operativo para acorralar a tres unidades nuevas, se llevó a cabo en la calle 5 sur esquina 40 avenida, lugar donde se vivió momentos de tensión entre autoridades y ciudadanos, pues los operadores de los moto carros, no estaban dispuestos a dejarse en esta ocasión, como había sucedido en otras veces, dónde son acosados por taxistas e inspectores del IMOVEQROO.

Policías municipales por órdenes de funcionarios de movilidad, amenazaron con detener a ciudadanos por alterar el orden publico, pero gracias a la intervención de la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo, es que finalmente inspectores de IMOVEQROO optaron por prevalecer el diálogo, y con ello se evitó un incidente mayor.

Cabe mencionar que la Ley de Movilidad en Quintana Roo es ambigua , por qué si es bien es cierto que para trabajar se necesita permiso (concesión), pero esto no se puede dar, porqué en la ley no se contempla el servicio de taxi en vehículos de tres ruedas, y únicamente se da permiso a vehículos con más de cuatro ruedas.

Entonces, «Lo que no está prohibido está permitido» aseguran asesores jurídicos de los operadores de los moto taxis.

Pero además en la misma constitución mexicana se habla claramente del principio de legalidad y como deben actuar las autoridades en turno.

SABIAS QUE?

El derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.

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