MEXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión al exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo por presuntamente haber lavado más de 900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos de terrenos de la Riviera Maya, que eran parte de las reservas territoriales de la entidad federativa.
Medios de la Ciudad de México informaron que Elizabeth Alcántara Cruz, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó su acusación contra el exgobernador de Quintana Roo ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.
La pena de 15 años de prisión solicitada es la máxima para el lavado de dinero, único delito imputado en este proceso, y son 145 pruebas las que ofreció la FGR para presentarlas en el juicio, entre ellas 61 testigos, 4 peritajes, 9 documentales, 37 documentos registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria, 8 de distintas dependencias, 2 del Registro Público Marítimo Nacional y 4 anexos fotográficos.
En el escrito de petición de la fiscal indica que “señalará cuál es la pretensión punitiva y el quantum (cantidad) de las penas, en la audiencia de individualización de sanciones, sin embargo, para efectos de la acusación, la Fiscalía solicita: prisión y multa. La pena máxima para el referido ilícito, que es de 15 años de prisión y multa de 5 mil días”.
La FGR también pidió al juez imponerle a Roberto Borge una amonestación, suspender sus derechos civiles y políticos por el plazo que dure la prisión y ordenar la restitución al Gobierno de
Quintana Roo de los 22 predios vendidos a sus allegados.
En el documento, la FGR puntualiza al juez que no está en la posición de ofrecer al procesado una forma anticipada de terminación del proceso.
Al mismo tiempo, expone que el único dato que acordó con la defensa como no sujeto a debate es que Borge fue Gobernador de Quintana Roo, de 2011 al 2016.
Si bien la investigación que llevó a la cárcel a Borge fue iniciada en la administración pasada por la entonces PGR, ésta es la primera acusación que presenta la FGR de Alejandro Gertz Manero contra un ex Gobernador.
La acusación señala que durante el periodo del 5 de abril de 2011 al 25 de septiembre de 2016, “el acusado Roberto Borge, en ese entonces en su calidad de Gobernador de Quintana Roo, estructuró a un grupo de personas entre las que se encontraron servidores públicos de esa entidad, familiares directos y amigos cercanos del acusado, con la finalidad de cometer… el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las conductas llevadas a cabo por esta organización delictiva recayó sobre 22 inmuebles (enajenados y adquiridos durante el periodo de gobierno de Borge) cuyo valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos y el valor de venta fue de 238 millones 790 mil 121.98 pesos, lo que evidencia una diferencia de 900 millones 99 mil 418.77 pesos, que representa el monto que dejó de percibir el estado de Quintana Roo”.
En los señalamientos se menciona como los beneficiados con la venta ilegal de terrenos a: Santiago Samuel Jiménez, Édgar Manuel Méndez Montoya, José Manuel Caballero Sillas, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exmandatario, Álvaro Moya Corral, José Luis Cárdenas Bazán, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
Se supone que luego de comprar los terrenos, utilizaron empresas fachada para retransmitir la propiedad de los predios.
Esta triangulación de los derechos de propiedad la habrían hecho con la finalidad de que los terrenos nuevamente fueran adquiridos por empresas y personas directamente relacionadas con Borge, incluidos familiares, para darle una apariencia de legalidad a las operaciones y el exgobernador y otros imputados adquirieran recursos.
Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018, y permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social en Ayala, Morelos.
La FGR todavía busca imputarle al exgobernador el delito de delincuencia organizada, para la cual ya obtuvo el visto bueno del gobierno de Panamá, ya que no se encontraba incluido en la petición original de su extradición. (Redacción/CAMBIO 22)