COZUMEL.- De acuerdo con el comunicado del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, se informó que recibieron dos reportes ciudadanos de diferente índole, el primero sobre una embarcación mayor tipo yate de nombre Nina anclada dentro del Parque Nacional frente al Hotel Presidente; el segundo fue con referencia a una embarcación sin nombre, circulando con líneas de pesca en dirección al sur también dentro del Área Natural Protegida.
Los Guardaparques acudieron al sitio donde se encontraba la embarcación tipo yate de nombre Nina, en el sitio ya se encontraba una embarcación de la Secretaría de Marina (SEMAR) atendiendo el mismo reporte.
En ese momento se le informó al capitán que el anclaje está prohibido en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, por lo que se procedió a realizar una verificación de posibles daños en la zona.
Durante la verificación se observó que el ancla estaba sobre un arenal y muy retirada de las formaciones coralinas. SEMAR, por su parte informó que la embarcación se encontraba haciendo trámites en Capitanía de Puerto y la Aduana para poder salir de la isla, por lo que se quedarían en el sitio aproximadamente una hora hasta que la embarcación Nina pudiera retirarse.
De esta forma y estando la embarcación Nina bajo vigilancia, los Guardaparques se retiraron del área para atender el reporte de pesca, sin embargo, durante todo el trayecto hasta los arrecifes del sur, no se observó alguna embarcación realizando actividades de pesca en la zona arrecifal.
Al finalizar el recorrido de supervisión los guardaparques notaron que la embarcación Nina seguía anclada en el mismo sitio.
Por lo que solicitaron al Capitán levantar el ancla y retirarse del Parque Nacional, para concluir sus diligencias ante la autoridad marítima nacional y la aduana. Fue hasta entonces que la embarcación Nina en presencia de los Guardaparques levantó el ancla y salió del Área Natural Protegida.
La CONANP remitirá el reporte correspondiente a la PROFEPA para los trámites administrativos conducentes, reiterando la postura del actual Gobierno de México de que, en asuntos de competencia federal, sobre todo en aquellos relacionados con el patrimonio natural, nadie está por encima de la ley.